Introducción
El desarrollo de la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento casi
exponencial que ha supuesto la proliferación caótica de estas redes de
telecomunicaciones y un aumento significativo de la contaminación
electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas
infraestructuras. La legislación estatal no ha resuelto del impacto
social y ambiental de las redes de telefonía móvil. La movilización
social y ecologista ha obligado a algunas comunidades autónomas a
establecer normativas más preventivas y niveles de exposición al público
más restrictivos y sin embargo queda pendiente una directiva europea
que sirva como un instrumento real para hacer compatible desarrollo de
las redes telefonía móvil y las posibles afecciones ambientales y para
la salud publica.
El desarrollo de la telefonía móvil ha experimentado un cambio
exponencial en los últimos diez años y esto ha supuesto la instalación
de los sistemas de redes de telefonía inalámbrica en todo el territorio
de nuestro país Sin embargo la estructura normativa y legislativa
respecto a las redes de telefonía móvil no estaba tan desarrollada y
preparada como rápida a sido su implantación. Hemos visto que el
establecimiento de la trama de las telecomunicaciones ha supuesto una
proliferación en el medio rural y urbano de toda una serie de
infraestructuras de antenas estaciones base GSM, DCS y LMDS, dipolos
repetidores, antenas de alta ganancia, picocélulas y microantenas,
radioenlaces, etc., que se van a multiplicar más si cabe con el
desarrollo de la tecnología UMTS, lo que se conoce popularmente como
teléfonos móviles de tercera generación, o la tecnología wireless.
Esta proliferación sin ningún control y con desconocimiento de las
corporaciones municipales hizo surgir primero una preocupación por el
tipo, carácter y niveles de emisiones de estas infraestructuras
radioeléctricas A esto, se unia la carencia de recursos humanos, medios
materiales e instrumental de medición de campos electromagnéticos de
microondas pulsátiles por parte de las diferentes Inspecciones
Territoriales y Provinciales de Telecomunicación,las; competentes para
el control de estas instalaciones radioelectricas, lo que suponía, en la
práctica, un desconocimiento de los niveles de emisión de dichas
antenas y los niveles de inmisión que recibían los ciudadanos.
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